La Asociación afirma que las resoluciones del juez Garzón son manifiestamente injustas y para ello se basa, entre otras cosas, en lo siguiente:  
   
A. Fraude de Ley: el juez ha eludido, por un lado, las normas de prescripción de delitos y irretroactividad de la norma penal. Por otro lado, ha aplicado otras normas no procedentes como convenios internacionales y delitos de detención ilegal permanente y contra la forma de gobierno.

B. No había urgencia: el querellado nunca tuvo intención de concluir el proceso iniciado sino que sólo deseaba estar presente cuando se abriera la fosa donde descansa el cuerpo de Federico García Lorca. No existía urgencia ni necesidad vital para adoptar las medidas que el Magistrado pretendió llevar a cabo sin ser competente.

C. Ilegalidad: no ha respetado el principio de legalidad, dejando sin aplicación la Ley de Amnistía de 1977, que fuera establecida por las mismas Cortes Constituyentes que elaboraron la Constitución, y que supuso el perdón a todas las personas implicadas en posibles delitos en la Guerra Civil y posteriormente.

D. Injusticia: ha dictado las resoluciones a sabiendas de que son injustas. La prueba es que el 16 de diciembre de 1998 y el 6 de marzo de 2000 dictó autos en los que, en unos términos durísimos para los abogados, no admitía una querella contra Santiago Carrillo (para juzgar su responsabilidad en los crímenes en la Guerra Civil) afirmando que los preceptos jurídicos alegados eran “inaplicables en el tiempo y en el espacio, en el fondo y en la forma a los que se relatan en el escrito, y su cita quebranta absolutamente las normas más elementales de retroactividad y tipicidad”. No se entiende que el juez afirme que no se puede juzgar a Santiago Carrillo por los mismos supuestos delitos por los que, por otro lado, sí quiere juzgar a otras personas relacionadas con la Guerra Civil. Si los delitos han prescrito, ¿por qué para unos sí y otros no?
 
Esos y otros elementos citados por la querella dan lugar a un “delito de prevaricación” del artículo 446 del Código Penal, que dice que será castigado el Juez o Magistrados que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta.