Desgraciadamente esto no es una mera anécdota o un simple fallo del funcionamiento del sistema; muchos concluimos que, ante todo, nos encontramos con un problema moral. Cuando Cándido Méndez, en un alarde notable de cinismo, afirmaba el pasado 1 de mayo “que no nos pidan moderación salarial porque ahí no podemos dar nada. Que den ejemplo los grandes ejecutivos y se bajen el sueldo”, podía haber nombrado a la clase política y no echarle la culpa solo a los empresarios para ajustarse mejor a los tópicos de la izquierda. Esa misma clase política es el principal artífice del Real Decreto 1763/07, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2008 en 600 euros euros al mes mientras ellos viven en la opulencia. Y es que posiblemente, el señor Méndez, pese a esas declaraciones aparentemente rebeldes, figure entre esa clase política que goza de retribuciones más que notables.

 

No hace falta ser demasiado crítico para pensar que existe una disparidad notable de intereses entre el pueblo trabajador y los que votan, aprueban y toleran la precariedad vital de millones de españoles, unos españoles a los que se les exige “ser competitivos” cuando a los políticos solo se les demanda que sepan colarse en una lista. A la vista de la situación hay sin duda algunas preguntas que hacer: ¿Por qué debemos de secundar tamaña inmoralidad? ¿Acaso no cabe la sospecha de que lo que ellos llaman “servicio” no es otra cosa que la formidable explotación de una clase, que se las arregla para permanecer incuestionada? ¿Cuál es el resultado de mantener a unos políticos que ignoran lo que es la austeridad al tiempo que se la imponen mediante coacción a los gobernados?