He leído casi todos los artículos que han aparecido en la prensa y, salvo casos raros, en la mayoría se vierten opiniones que no tienen en cuenta las leyes. Si los jueces del Supremo han encontrado razones para juzgar a Garzón, es porque las leyes españolas lo expresan así. Y a esas leyes me ajusté cuando me tocó preparar y presentar una querella contra Garzón, querella que se acumuló a la de Manos Limpias, y cuyos argumentos se han tenido en cuenta para abrir el proceso.
 

Cuando alguien me preguntaba en marzo de 2009 qué posibilidades tenía mi despacho de abogados de llegar hasta este punto, yo respondía que todas. Garzón se había saltado las leyes. Cualquier tribunal, a la vista de los atropellos cometidos, habría aceptado la querella y habría visto motivo para juzgarle. Pero esa era la visión de un abogado. Mi visión como ciudadano era un poco diferente. Todo se politiza en este país y temía que este caso se convirtiera en un motivo más para que se pelearan tirios contra troyanos.
 

Las dos premoniciones se han cumplido. La Justicia ha hecho su papel, determinando que ha de ser en juicio donde se decida la culpabilidad de Garzón. Las opiniones se han dividido con pasión. Una parte de la opinión considera que este juicio es una venganza de organizaciones y partidarios de la derecha. Garzón había instruido el caso Gürtel, en el que varios miembros del PP están hoy imputados por sobornar o haber sido sobornados. Además, estaba la vieja derecha, que no perdonaba a Garzón el hecho de estar abriendo viejas heridas, al pretender juzgar a aquellas personas implicadas en las desapariciones del franquismo.
 

Como abogado que asume la acusación conjunta de Manos Limpias y Libertad e Identidad, me sorprenden ciertas declaraciones. Ninguna de esas críticas, ninguna de esas personas, incluso juristas, ha sido capaz de sentarse, poner las querellas a un lado, el Código Penal al otro lado, y desgranar los argumentos de la acusación para comprobar si tenía o no razón. La interpretación de las leyes tiene una parte subjetiva. Lo sabemos todos los abogados. Pero el juez se debe a un esfuerzo objetivo, necesario para superar las consideraciones personales y asegurar el triunfo de lo justo y sensato. La acusación que dirige mi despacho se basa en algo muy simple: Garzón vulneró las leyes sabiendo que las estaba vulnerando. Lo sabía desde el principio, y su conocimiento viene de lejos.
 

En 1998, la Asociación de Víctimas de Paracuellos inició los trámites para procesar a Carrillo y otras personas por los crímenes y desapariciones sucedidos en esa localidad en la Guerra Civil. Cuando se presentó la querella, Garzón tardó un día en rechazarla diciendo que “había fraude de ley e intención maliciosa”, y añadió que pretender investigar hechos históricos y prescritos era algo que ningún abogado profesional debería aceptar. Garzón no citó la Ley de Amnistía de 1977, pero añadió que las leyes no podían ser retroactivas. Los hechos denunciados entonces también merecen la consideración pública de genocidios. Pero Garzón consideró que el Derecho no podía aplicarse retroactivamente. El Derecho Internacional, cuya aplicación tanto se defiende ahora, entonces se consideró por él inaplicable.
 

En 2006 sucedió lo contrario. En el debate legislativo de la Ley de Memoria Histórica, y sin saber si era competente en ese asunto, aceptó denuncias particulares que acusaban a personas vinculadas con el franquismo de desapariciones en la Guerra Civil o posteriormente. Esta vez, el juez dudó durante casi dos años lo que antes había resuelto en un solo día. Y durante dos años mantuvo al Ministerio Fiscal al margen del procedimiento.
 

Ya en 2008 se decidió a actuar, olvidando, o mejor dicho tergiversando lo que había dicho años antes, es decir, que esos supuestos crímenes habían prescrito. Afirmó que estas desapariciones eran crímenes contra la Humanidad. Añadió que se produjo dentro de un Golpe de Estado y que era un delito político. ¿Por qué esta vez sí aceptó las denuncias? Además, ¿no sabía que la Audiencia Nacional como órgano especial carecía de competencia para este tipo de delitos?
 

Si Garzón no estaba de acuerdo con las leyes, debió seguir los cauces legales e interesar cambios legislativos. Pero Garzón se basaba en el Derecho Internacional, aquel que no aplicó en 1998, oponiéndose a las leyes aprobadas por nuestro poder legislativo.
 

Cualquier jurista que leyese esta descripción habría dicho que hay motivo para juzgar a Garzón por prevaricación. La crítica abierta desde ciertos sectores pretende, no obstante, hacer de la aplicación de la ley un conflicto político, y se fuerzan en atacar y atribuir identidades ideológicas a los querellantes. Pero la Justicia es igual para todos. Por eso la representamos con una venda en los ojos. No se juzgan los nombres propios, sino los hechos de esas personas. Si los hechos vulneran la ley, hay que sentar a esa persona en el banquillo.

*Joaquín Ruiz es abogado y miembro del bufete que presentó una querella contra Garzón por el ‘caso de las fosas’.